Acusaciones de abus0 contra 300 sacerdotes en Estados Unidos...

El 14 de agosto de 2018, Estados Unidos conoció uno de los informes más devastadores sobre abusos s3xua4es dentro de la Iglesia católica. Después de una investigación de aproximadamente dos años, un gran jurado de Pensilvania hizo públicos los resultados de una revisión que abarcó décadas de denuncias en seis diócesis: Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scranton. Los investigadores revisaron alrededor de medio millón de páginas de documentos internos de la propia Iglesia.

El resultado fue estremecedor. El gran jurado encontró acusaciones consideradas creíbles contra más de 300 sacerdotes y logró identificar en los archivos eclesiásticos a más de 1,000 menores que habrían sido víctimas. Los investigadores advirtieron que probablemente la cifra real era mucho mayor, debido a personas que nunca denunciaron lo ocurrido o cuyos expedientes se habían perdido con el paso de los años. Los casos examinados se extendían a lo largo de aproximadamente siete décadas.

Pero uno de los aspectos más graves del informe no fue solamente la dimensión de los abusos, sino la manera en que distintas autoridades eclesiásticas habían manejado las denuncias. Con ayuda del análisis de agentes del FBI, el gran jurado detectó prácticas que se repetían entre las diócesis y que describió como una especie de “manual para ocultar la verdad”. En los documentos internos podían utilizarse expresiones como “contacto inapropiado” o “problemas de límites” para minimizar conductas mucho más graves.

El informe también documentó casos en los que sacerdotes acusados eran enviados a evaluaciones o tratamientos, retirados temporalmente sin explicar públicamente el verdadero motivo o trasladados a otras comunidades. Una de las prácticas que más cuestionó el gran jurado fue que determinadas denuncias se trataran como problemas internos de personal en lugar de comunicarse inmediatamente a las autoridades policiales. El patrón encontrado incluía investigaciones internas deficientes, lenguaje que minimizaba los hechos, apoyo a sacerdotes acusados y reasignaciones en lugar de su eliminación definitiva del ministerio.

Para muchas víctimas, la justicia penal llegó demasiado tarde. Cuando el informe fue publicado, gran parte de los hechos denunciados habían ocurrido hacía tantas décadas que los plazos legales existentes entonces impedían procesarlos. El propio gran jurado señaló que el encubrimiento y el paso del tiempo habían contribuido a que numerosos casos ya no pudieran llegar ante un tribunal. Es importante precisar también que aparecer en el informe como sacerdote acusado no equivale necesariamente a haber sido condenado penalmente; el documento recopiló acusaciones consideradas creíbles y evidencia encontrada durante la investigación.

El impacto fue enorme. Las diócesis afectadas tuvieron que responder públicamente y algunas ofrecieron disculpas a las víctimas; por ejemplo, la Diócesis de Scranton reconoció el sufrimiento provocado por acciones y decisiones de miembros del clero. El escándalo también impulsó cambios legislativos en Pensilvania. En 2019 fueron promulgadas tres reformas recomendadas después de la investigación, relacionadas con la denuncia obligatoria, los acuerdos de confidencialidad y los plazos para perseguir determinados delitos s3xu4les.

El caso de Pensilvania terminó mostrando algo todavía más perturbador que la existencia de abusadores individuales: reveló cómo una institución podía desarrollar durante años mecanismos capaces de minimizar denuncias, mover a sacerdotes problemáticos y proteger su reputación mientras las víctimas quedaban en segundo plano. Por eso el informe de 2018 se convirtió en uno de los documentos más importantes para comprender la magnitud de la crisis de abusos sexuales que sacudió a la Iglesia católica en Estados Unidos y posteriormente impulsó investigaciones similares en otros lugares.

Publicado en facebook el 28.8.26 por: 

Alma Maria