NO FUE AYER CUANDO CHILE APRENDIÓ A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS, por Carlos Alberto Masciocchi

 

Una memoria que no podemos permitir que se debilite.

 

Hay discusiones que no comienzan con un proyecto de ley ni terminan con una votación en el Congreso. Algunas tienen raíces mucho más profundas, porque comprometen la memoria de un país y el aprendizaje que una sociedad ha construido a partir de sus propias tragedias.

 

La reforma propuesta por el Gobierno al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) merece ser examinada desde esa perspectiva. No estamos frente a una simple reorganización administrativa. Estamos discutiendo las atribuciones, la autonomía y la capacidad efectiva de una institución cuya razón de existir es promover y proteger los derechos humanos, especialmente cuando quien puede vulnerarlos es el propio Estado.

 

Conviene recordar que la defensa de los derechos humanos en Chile no comenzó con la creación del INDH en 2009. Mucho antes, cuando la Dictadura había clausurado los espacios democráticos, perseguía a sus opositores y convertía la detención, la tortura y la desaparición forzada en instrumentos de represión, surgieron organizaciones que asumieron una tarea que las instituciones del Estado habían abandonado.

El Comité Pro Paz fue una de las primeras respuestas organizadas frente a la persecución. Después, la Vicaría de la Solidaridad continuó esa labor, acompañando a familiares de detenidos desaparecidos, reuniendo testimonios, documentando violaciones a los derechos humanos y entregando asistencia jurídica a quienes no tenían dónde acudir.

 

También estuvieron CODEPU y FASIC, junto a abogados, médicos, trabajadores sociales, religiosos y tantos hombres y mujeres que, muchas veces arriesgando su propia seguridad, sostuvieron una convicción elemental: ninguna persona podía quedar completamente indefensa frente al poder.

 

Aquellas organizaciones no nacieron para defender a un partido ni para favorecer a una determinada corriente política. Nacieron porque el Estado había dejado de garantizar derechos fundamentales y, en muchos casos, se había convertido en el principal responsable de vulnerarlos.

 

Esa experiencia dejó una enseñanza que debiera ser permanente: la democracia no consiste solamente en elegir autoridades. También exige instituciones capaces de fiscalizar a quienes ejercen el poder.

 

Por eso preocupa el proyecto presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La iniciativa elimina la facultad del INDH para presentar querellas criminales, reduce su Consejo de once a cinco integrantes, modifica el sistema de designación de sus autoridades y contempla una reducción importante de sus equipos jurídicos y regionales. El informe financiero proyecta, entre otras medidas, una disminución del 70% de la dotación de abogados de la Unidad de Protección y del 50% de la dotación regional. Son cambios concretos, no interpretaciones de quienes cuestionamos la reforma.

 

El Ejecutivo sostiene que busca devolver al Instituto un papel consultivo y técnico, evitando que asuma funciones propias de la persecución penal. Es una posición que debe ser escuchada y discutida. Sin embargo, una cosa es mejorar la gestión de una institución y otra muy distinta es reducir los instrumentos con los que puede cumplir su mandato.

 

Porque un organismo puede conservar su nombre, sus oficinas y sus informes anuales, pero perder buena parte de su capacidad de actuar. Puede seguir observando, recomendando y advirtiendo, mientras se le retiran herramientas para intervenir cuando se producen vulneraciones graves.

 

Y aquí aparece otra cuestión que conviene aclarar: la creación de una Defensoría de Víctimas no reemplaza al INDH. Son instituciones con objetivos diferentes. La Defensoría busca entregar orientación, asistencia y representación a personas afectadas por delitos. El INDH tiene una responsabilidad específica: vigilar el respeto de los derechos humanos y actuar frente a las vulneraciones que puedan cometer agentes del Estado.

 

Una institución puede defender a una víctima de un delito cometido por un particular. Otra debe poder intervenir cuando la vulneración proviene de funcionarios o instituciones que actúan en nombre del Estado. No son tareas incompatibles ni excluyentes. Son responsabilidades complementarias.

 

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿quién vigila al Estado cuando el Estado vulnera los derechos de una persona? ¿Quién acompaña a una víctima cuando el organismo que debería protegerla es precisamente aquel al que debe denunciar?

 

Tampoco podemos separar esta discusión de nuestra historia reciente. El actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, participó como abogado en la defensa de Augusto Pinochet. Es un antecedente público de su trayectoria profesional. No constituye, por sí mismo, una prueba sobre sus intenciones actuales ni permite atribuir responsabilidades por las relaciones familiares o políticas de otras autoridades. Pero sí nos recuerda que las distintas miradas sobre el pasado siguen presentes en la vida pública chilena y que, por eso mismo, las instituciones deben estar protegidas de las conveniencias de cualquier gobierno.

 

No se trata de juzgar a nadie por su apellido, su familia o su pasado profesional. Se trata de evaluar las decisiones que toma hoy, los proyectos que impulsa y las consecuencias que pueden tener para el país.

 

El INDH puede y debe ser objeto de críticas. Ninguna institución pública está por encima de la evaluación ciudadana. Puede mejorar su gestión, transparentar sus decisiones y fortalecer su relación con la sociedad. Pero esas reformas deben ampliar su capacidad de protección, no reducirla.

 

Chile ya conoce el precio de la ausencia de instituciones independientes. Lo conocimos cuando las familias recorrían oficinas, tribunales y cuarteles buscando información sobre sus seres queridos. Lo conocimos cuando los abogados debían presentar recursos sin saber si sus representados seguían vivos. Lo conocimos cuando denunciar una violación de derechos humanos podía significar exponerse a nuevas amenazas.

 

Por eso, la memoria del Comité Pro Paz, de la Vicaría de la Solidaridad, de CODEPU y de FASIC no pertenece solamente a quienes participaron en esas organizaciones. Es parte de la historia democrática del país. Es un patrimonio que debiera servirnos para comprender por qué necesitamos instituciones autónomas, con atribuciones y recursos suficientes para cumplir su tarea.

 

No estamos obligados a repetir las formas institucionales del pasado. Pero sí tenemos la obligación de no olvidar las razones por las cuales fueron necesarias.

 

La democracia no puede descansar en la confianza de que quienes gobiernan siempre actuarán correctamente. Necesita contrapesos, vigilancia y mecanismos independientes de protección. Y esos mecanismos deben ser especialmente sólidos cuando el poder político pretende modificarlos.

 

El INDH no necesita ser una institución intocable. Necesita ser una institución independiente. Porque los derechos humanos no pueden depender de quién gobierna, de quién es la víctima ni de quién ocupa el poder.

 

No fue ayer cuando Chile aprendió a defender los derechos humanos. Costó vidas, exilio, persecución y años de trabajo silencioso. Sería una grave irresponsabilidad olvidar esa historia justo cuando más necesitamos comprenderla.

 

Carlos Alberto Masciocchi

 

 

Publicada por el autor en facebook el  30.10.26  

Carlos Alberto Masciocchi Leon