El odio, la libertad y el derecho a perder, por Carlos Alberto Masciocchi

El proyecto de ley presentado por el senador Francisco Huenchumilla, que busca sancionar determinadas expresiones de odio y discriminación, merece una discusión mucho más profunda que el simple “a favor” o “en contra”.

Porque el problema que intenta abordar existe.
Desde hace algún tiempo, las mentiras, las negaciones de hechos históricos comprobados y las agresiones contra la memoria de muchas y muchos han dejado de ser solamente murmullos de pasillo o panfletos baratos. Hoy encuentran espacio en redes sociales, canales de YouTube, algunos establecimientos educacionales y, ocasionalmente, incluso en el Congreso.
Yo llamaría a esto la modernización del odio.
El odio también hace pedagogía.
Primero enseña quién es el culpable. Después identifica al enemigo. Luego explica por qué ese enemigo sería responsable de nuestros problemas. Finalmente, intenta convencernos de que contra él casi todo está permitido.
Es una fórmula antigua, pero extraordinariamente eficaz.
La realidad se simplifica. El adversario se transforma en amenaza. Y la discusión desaparece.
Es mucho más fácil decir “ellos tienen la culpa” que intentar comprender una sociedad compleja, sus desigualdades, sus conflictos, sus responsabilidades y sus contradicciones.
Cuando el adversario se convierte en enemigo
Hay un momento particularmente peligroso: cuando el lenguaje deja de describir al adversario y comienza a deshumanizarlo.
Cuando alguien es llamado “cáncer”, “plaga” o “amenaza” y se comienza a hablar de “extirpar”, “aniquilar” o “eliminar”, ya no estamos simplemente frente a un lenguaje agresivo.
Estamos preparando moralmente el terreno para que el otro deje de ser visto como una persona.
Y la historia nos ha enseñado que ese camino puede terminar muy mal.
No es necesario comenzar hablando de exterminio para terminar justificando la violencia. Muchas veces todo comienza mucho antes: con la caricatura del otro, con la negación de su dignidad, con la falsificación de su historia y con la repetición de una mentira hasta convertirla en una supuesta verdad.
Por eso también me preocupa la negación o relativización de hechos históricos suficientemente documentados y, en determinados casos, establecidos por los tribunales.
La historia debe discutirse. Por supuesto que sí.
Pero discutir la historia no significa inventarla.
Una democracia puede revisar sus interpretaciones, incorporar nuevos antecedentes y debatir incluso aquello que durante años pareció incuestionable. Lo que no puede hacer es reemplazar deliberadamente la evidencia por una ficción destinada a justificar nuevas formas de hostilidad.
El problema de la ley
Aquí es donde el proyecto de Huenchumilla adquiere toda su importancia.
Necesitamos proteger a las personas y a los grupos que son objeto de persecución, discriminación o incitación a la violencia. Pero también debemos preguntarnos hasta dónde puede llegar el Estado en esa tarea.
Porque existe una frontera que debemos cuidar con enorme atención.
Una cosa es decir: “No estoy de acuerdo contigo.”
Otra muy distinta es decir: “Hay que eliminarte.”
Entre ambas expresiones existe un territorio enorme.
Y ese territorio no puede quedar entregado a interpretaciones arbitrarias.
Hace pocos días vimos un ejemplo que considero reprochable. Una senadora utilizó la discapacidad de otra senadora como argumento para descalificarla políticamente, diciéndole que había sido elegida por lástima.
Una parlamentaria puede ser criticada por sus ideas, sus votaciones, sus proyectos o sus capacidades políticas. Eso forma parte de la democracia.
Pero utilizar una discapacidad como instrumento de humillación es otra cosa.
No se trata de prohibir las opiniones que nos molestan. Se trata de distinguir entre la crítica política y la degradación deliberada de una persona.
Y esa diferencia importa.
También aprendí a perder
En mi vida política también he perdido.
Y aprendí algo que considero fundamental: saber perder y saber cuándo es mejor perder.
Las victorias no siempre nos hacen sentir bien. Hay victorias que dejan un sabor amargo. Se puede ganar una batalla y perder algo mucho más importante.
También aprendí que la política tiene sus pequeñas miserias: lealtades que duran mientras son convenientes, intereses que se disfrazan de convicciones y silencios que dicen mucho más que algunas declaraciones.
Pero hay una diferencia que para mí sigue siendo esencial:
el adversario no traiciona. El adversario compite.
Y eso es precisamente lo que deberíamos recuperar.

Un adversario político no es un enemigo. 

He podido conversar con personas que están muy lejos de mis posiciones políticas. Algunos pertenecen a sectores de derecha con los que tengo profundas diferencias. Y no veo ninguna contradicción en ello. 

Una derecha democrática es una legítima adversaria.

Puedo escucharla sin convertirme en uno de ellos. Puedo reconocer una buena idea sin abandonar mis convicciones. Puedo discrepar firmemente sin necesitar que desaparezcan.

Eso, para mí, también es democracia.

El derecho a perder 

Quizás uno de los problemas de nuestra política actual sea que hemos ido perdiendo la capacidad de aceptar la derrota.

El que no sabe perder necesita encontrar culpables.

Después aparecen las conspiraciones, las traiciones, los enemigos y, finalmente, la tentación de considerar ilegítimo que el otro pueda ganar.
Pero una democracia necesita ciudadanos capaces de aceptar que mañana pueden perder.
Porque si todos necesitamos ganar siempre, tarde o temprano alguien comenzará a pensar que cualquier medio es legítimo para conseguirlo.
Y allí la política empieza a transformarse en guerra.
Una barra brava necesita enemigos.
Una democracia necesita adversarios.
Una barra brava necesita consignas.
Una democracia necesita argumentos.
Una barra brava necesita ganar siempre.
Una democracia necesita saber perder.

Por eso creo que el proyecto de Huenchumilla merece ser discutido seriamente. No para decidir quién tiene derecho a pensar y quién no, sino para encontrar una forma de proteger la dignidad de las personas y enfrentar la incitación al odio sin convertir al Estado en dueño de la verdad.

Porque el odio no se combate solamente con leyes.

También se combate enseñando a pensar. 

Quizás la mejor respuesta frente a quien intenta hacer pedagogía del odio no sea solamente prohibirle hablar. Quizás sea formar personas capaces de preguntarle:
¿De dónde sacaste eso?
¿Qué evidencia tienes?
¿Cómo sabes que ocurrió así?
¿Por qué ese grupo sería responsable de mi problema?
¿Y si estás equivocado?

 El pensamiento crítico tiene una virtud que el odio no soporta: admite la posibilidad de estar equivocado.
Y quizás esa sea también la mejor razón para discutir una ley como la que propone Huenchumilla: no para decidir quién tiene derecho a pensar, sino para preguntarnos colectivamente cómo proteger la dignidad de las personas sin perder, en el intento, la libertad que hace posible una democracia.

Carlos Alberto Masciocchi