El Estado puede elegir qué financia, pero no debe decidir qué es arte

**Respuesta a “El Estado no censura cuando elige: cumple su deber”, de Jorge Sepúlveda Haugen**

Hay una parte del argumento de Jorge Sepúlveda Haugen con la que es difícil estar en desacuerdo: la libertad de creación no significa que todo artista tenga un derecho automático a recibir financiamiento del Estado. Los recursos públicos son limitados y los fondos culturales necesitan criterios, evaluación y prioridades.

 

Hasta ahí, estamos de acuerdo.

 

El problema comienza cuando, desde esa premisa razonable, se avanza hacia otra mucho más delicada: que el Estado pueda determinar qué expresiones artísticas son culturalmente legítimas y cuáles constituyen “degradación”.

 

Ahí conviene detenerse.

 

La Ley 19.846, que Sepúlveda utiliza como fundamento, establece un sistema de calificación de la producción cinematográfica destinada a la comercialización, distribución y exhibición pública. Su finalidad es, entre otras cosas, establecer categorías de edad y proteger a niños y adolescentes. La propia legislación define categorías como “contenido pornográfico” y “contenido excesivamente violento”.

 

Pero una cosa es **regular la exhibición de una película**, particularmente para proteger a menores, y otra muy diferente es utilizar esas categorías como criterio para determinar qué creación artística merece o no el apoyo del Estado.

 

No son exactamente la misma discusión.

 

## Yo viví otra forma de censura

 

Digo esto no solamente desde los libros.

 

En 1981 participé en la creación colectiva de una obra de teatro. Éramos jóvenes y abordábamos una temática que en aquellos días resultaba profundamente incómoda: el embarazo adolescente, el amor, la sexualidad y el aborto.

 

Hablar de sexualidad públicamente ya provocaba incomodidad y vergüenza en buena parte de la sociedad. Hablar de aborto era todavía más perturbador.

 

Y entonces conocimos de cerca cómo funciona la censura.

 

Primero apareció la autoridad.

 

Después vino la censura previa de quienes administraban la sala donde pretendíamos presentar la obra: el Sindicato de Empleados.

 

Luego estaban las miradas atentas de las autoridades y de uniformados que, en aquella época, tenían mucho poder y pocas razones para aceptar que unos jóvenes pusieran determinados temas sobre un escenario.

 

Era 1981.

 

Vivíamos bajo la bota militar.

 

Finalmente conseguimos presentar la obra.

 

Y ocurrió algo que recuerdo hasta hoy: tuvimos una muy buena acogida del público.

Pero lo que más recuerdo sucedió cuando terminó la función.

 

Vi a algunos padres mirar a sus hijos como si quisieran preguntarles:

**“¿Y tú qué piensas de esto?”**

 

Quizás hasta ese momento nunca habían conversado con ellos sobre sexualidad. Quizás nunca habían hablado de embarazo adolescente. Quizás jamás habían discutido el aborto dentro de la familia.

 

El teatro había conseguido algo que la autoridad no podía controlar:

 

**había abierto una conversación.**

 

Y eso también es cultura.

 

## ¿Era una obra “degradante”?

 

Me pregunto qué habría ocurrido si en aquella época alguien hubiera aplicado la lógica de que el Estado debe distinguir entre “arte genuino” y “degradación travestida de vanguardia”.

 

¿Quién habría decidido que hablar de aborto era culturalmente valioso?

 

¿Quién habría determinado que una escena sobre sexualidad servía a la obra y no era simplemente un contenido inconveniente?

 

¿Un funcionario?

 

¿Un jurado?

 

¿Una autoridad política?

 

¿Un grupo de especialistas?

 

La pregunta no es menor.

 

Porque el problema de entregarle al Estado la facultad de decidir qué es “arte” y qué es “degradación” no está necesariamente en las intenciones de quienes hoy ejercen esa facultad.

 

Está en lo que puede ocurrir mañana cuando cambien las autoridades.

 

## La historia debería hacernos cautelosos

 

No estoy diciendo que los actuales Fondos Cultura sean equivalentes a la política cultural del nazismo. Sería una comparación histórica abusiva.

 

Pero la historia nos entrega una advertencia que no deberíamos olvidar.

 

El régimen nazi creó la categoría de **“arte degenerado”** para perseguir las vanguardias que consideraba contrarias a su concepción de la cultura alemana. La clasificación cultural terminó convirtiéndose en una herramienta de exclusión, confiscación y persecución.

 

No comenzó necesariamente diciendo:

 

**“Vamos a perseguir a los artistas.”**

 

Primero estableció una frontera:

 

**esto es arte legítimo; esto otro es arte degenerado.**

 

La lección no consiste en decir que todo criterio estatal conduce al nazismo.

 

La lección es mucho más sencilla:

 

**cuando el Estado comienza a atribuirse la autoridad para determinar qué expresión es legítima y cuál es degradante, debemos exigirle límites, transparencia y criterios objetivos.**

 

## El Estado sí puede elegir

 

Por supuesto que puede.

 

Puede decidir que no hay suficientes recursos para financiar todos los proyectos.

 

Puede establecer prioridades.

 

Puede evaluar calidad, pertinencia, viabilidad, impacto cultural, descentralización, acceso de públicos, patrimonio o formación.

 

Puede incluso establecer restricciones legales cuando se trate de proteger a niños y adolescentes.

Eso forma parte de una política pública razonable.

 

Lo que resulta problemático es convertir una evaluación cultural en un juicio moral sobre aquello que el Estado considera digno o indigno.

 

Porque ahí aparece una pregunta inevitable:

 

**¿quién define el bien común?**

 

Sepúlveda habla de la jubilada de Aysén, del pescador de Chiloé y del profesor de Arica. Es una imagen poderosa.

 

Pero esos ciudadanos no tienen necesariamente una sola idea de qué es cultura.

 

La jubilada de Aysén puede considerar valiosa una obra sobre la memoria de la dictadura.

 

El pescador de Chiloé puede sentirse representado por una obra sobre su territorio.

 

El profesor de Arica puede considerar imprescindible una obra que cuestione la identidad nacional.

 

Y un joven puede encontrar en una obra provocadora una pregunta que nadie antes se atrevió a formularle.

 

El Estado no puede suponer que existe una sola definición de aquello que “la comunidad entera puede reconocer como valioso”.

 

## El arte no siempre confirma nuestros valores

 

Hay una idea en el artículo de Sepúlveda que me parece especialmente discutible: que el arte merece recursos públicos cuando representa “su mejor versión”.

 

¿Quién determina cuál es esa mejor versión?

 

La historia del arte está llena de obras que escandalizaron a sus contemporáneos.

 

El arte también incomoda.

Cuestiona.

Provoca.

Ridiculiza.

Denuncia.

Desarma certezas.

Y algunas veces fracasa estrepitosamente.

 

Pero incluso una obra que fracasa puede formar parte de una sociedad que tiene derecho a experimentar.

Por eso me parece peligroso establecer una relación demasiado sencilla entre **belleza y bien común**, por un lado, y **provocación y degradación**, por otro.

 

La cultura no es solamente aquello que nos gusta mirar.

 

También es aquello que nos obliga a mirar lo que preferiríamos no ver.

 

## En 1981 aprendimos algo

 

Aquella obra que hicimos en 1981 no cambió Chile.

 

No pretendíamos semejante cosa.

 

Pero conseguimos poner sobre un escenario un tema que mucha gente prefería mantener en silencio.

 

Y cuando terminó la función, los padres miraban a sus hijos.

 

Tal vez preguntándose qué pensaban.

 

Tal vez preguntándose qué habían entendido.

 

Tal vez preguntándose qué les dirían.

 

Ese momento me enseñó algo que todavía considero válido:

 

**una obra artística no termina cuando se cierra el telón.**

 

Continúa en la conversación que provoca.

 

Y esa conversación no le pertenece al Estado, ni al autor, ni al jurado que selecciona un proyecto.

 

Le pertenece a la sociedad.

 

## Por eso discrepo de la conclusión

 

Sepúlveda tiene razón cuando afirma que el Estado no está obligado a financiar todo lo que un artista quiera crear.

 

Pero de ahí no se desprende que el Estado deba convertirse en árbitro de lo que es arte y de lo que es “degradación”.

 

Hay una diferencia fundamental entre ambas cosas.

 

**El Estado puede administrar responsablemente el dinero público.**

**Puede seleccionar proyectos.**

**Puede establecer prioridades.**

**Puede exigir rendición de cuentas.**

 

Pero cuanto más se acerque a decidir qué ideas, sensibilidades, cuerpos, conflictos o provocaciones son culturalmente aceptables, más cuidado debemos tener.

 

Porque la censura no siempre llega con policías a la puerta.

 

A veces llega convertida en una palabra aparentemente inocente:

 

**“inconveniente”.**

O en otra:

**“degradante”.**

O incluso en una frase que parece incuestionable:

**“por el bien común”.**

 

Yo ya viví una época en que las autoridades decidían qué podía decirse, mostrarse o representarse.

Por eso no me interesa que mañana un gobierno de izquierda o de derecha tenga la facultad de decidir qué es arte verdadero y qué es arte indigno.

 

Prefiero un Estado que administre con transparencia los recursos públicos y una sociedad suficientemente adulta para discutir, criticar e incluso rechazar las obras que no le gustan.

 

Porque una democracia no se fortalece financiando solamente aquello que considera bueno.

**Se fortalece cuando permite que la sociedad pueda encontrarse también con aquello que la incomoda.**

Y quizás esa sea la diferencia esencial entre una cultura administrada desde arriba y una cultura verdaderamente libre.

 

El Estado puede decidir dónde pone su dinero.

**Lo que no debería decidir es dónde termina el arte.**

 

Carlos Alberto Masciocchi