Registro de Vándalos e Incivilidades: ecos históricos de una vieja política de disciplinamiento

por Karina Narbona/Fundación SOL/DiarioUChile.

El proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades impulsado por el Gobierno ha sido presentado como una herramienta para combatir desórdenes, daños y otras conductas que afectan la convivencia en espacios públicos. Uno de sus aspectos más llamativos es que la sanción no se agota en la condena o infracción original y que quienes sean incorporados al registro podrían enfrentar durante años restricciones para acceder a subsidios habitacionales, a la PGU, a subsidios de arriendo, gratuidad universitaria, becas estudiantiles, fondos públicos de investigación, contratos con el Estado, licencia de conducir, pasaporte y otras prestaciones. Dependiendo de la gravedad de la conducta y de la eventual reincidencia, estas consecuencias podrían extenderse por períodos prolongados.

Las críticas se han concentrado en el evidente sesgo de clase de estas sanciones. La pérdida de prestaciones sociales y ayudas estatales recae principalmente sobre los sectores más desposeídos, que carecen de patrimonio suficiente para desenvolverse al margen de su trabajo y de la provisión pública. Sin embargo, el carácter de clase del proyecto no se limita a las penas. También se expresa en las conductas seleccionadas para recibirlas. Entre las acciones consideradas más graves aparecen repertorios históricos de movilización a los que suelen recurrir escolares, pobladores y trabajadores.

Entre las conductas consideradas más graves -con permanencias iniciales de hasta cinco años en el registro y de hasta dos años para menores de edad- se encuentran la interrupción de la libre circulación en la vía pública, determinadas formas de usurpación sobre bienes nacionales de uso público, inmuebles fiscales o establecimientos educacionales, y la perturbación grave de actividades institucionales como sesiones legislativas o audiencias judiciales. Varias de estas acciones coinciden con repertorios de movilización utilizados históricamente por estudiantes durante tomas de establecimientos, por organizaciones territoriales en conflictos habitacionales o socioambientales y por trabajadores en diversos conflictos laborales.

La discusión sobre el proyecto remite así a una cuestión clásica de la historia social: las formas tradicionales mediante las cuales los Estados han buscado regular, disciplinar y administrar a las clases populares en períodos de crisis, transformación económica y alta tensión social.

Las antiguas Leyes de Pobres inglesas constituyen uno de los antecedentes más ilustrativos. Desde el siglo XVII y especialmente tras la reforma de 1834, estas normas combinaron asistencia social con mecanismos de control sobre la población. Mediante catastros y registros se clasificaba a los pobres entre merecedores y no merecedores de ayuda pública. El acceso a la asistencia dependía de criterios morales y productivos asociados al trabajo, la obediencia y la conducta considerada adecuada por las autoridades. La política social operaba simultáneamente como protección y como disciplina, formando parte del proceso histórico de constitución de una fuerza de trabajo disciplinada para las necesidades del capitalismo industrial emergente.

El Registro de Vándalos e Incivilidades actualiza parcialmente esa lógica al vincular el acceso a determinadas prestaciones con conductas definidas por la autoridad como compatibles o incompatibles con el orden cívico. Si la condicionalidad ha sido una característica recurrente de las políticas sociales neoliberales, este proyecto la lleva a un nuevo nivel.

La historia chilena ofrece un segundo paralelo. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, las élites desarrollaron una preocupación persistente por las llamadas clases peligrosas. Peones itinerantes, pobres urbanos y amplios sectores populares fueron percibidos como potenciales focos de desorden y agitación. Con bandos policiales y otras medidas se intentó contener no solamente la delincuencia, sino también la posibilidad de que estos grupos desarrollaran formas autónomas de organización y se multiplicaran los motines, las revueltas y otras expresiones de acción directa. El control de la pobreza y el control del conflicto social aparecían estrechamente vinculados.

Las resonancias históricas alcanzan también a fines del siglo XX. Las legislaciones antisubversivas impulsadas en distintos países latinoamericanos durante los años setenta extendieron las consecuencias de las sanciones más allá de las penas principales y abordaron los conflictos políticos y sociales desde la lógica de la seguridad interior del Estado. El mecanismo que resulta familiar es la ampliación de los costos asociados a determinadas formas de disidencia y el tratamiento de los conflictos políticos y sociales principalmente como problemas de orden público.

Este punto adquiere especial relevancia si se mira atentamente lo que sucede en el mundo del trabajo. La investigación laboral ha mostrado que la mayor parte de las huelgas desarrolladas en Chile durante las últimas décadas ha transitado por vías extralegales. Ello responde tanto a decisiones tácticas de los/as trabajadores/as como al restrictivo sistema institucional de relaciones colectivas de trabajo, heredero directo del Plan Laboral de 1979 (aunque antes también había restricciones). José Piñera, principal responsable de este marco regulatorio, describió el nuevo derecho a huelga como el más compatible con la disciplina del mercado y como uno de “huelga no monopolista”, donde las ventajas posicionales que pudieran ejercer los trabajadores se ven neutralizadas.

Desde entonces, la negociación colectiva legal continúa restringida totalmente al nivel de empresa y es únicamente en ese ámbito donde la legislación reconoce el derecho a huelga; amplios segmentos de trabajadores siguen excluidos de este derecho (como los/as trabajadores/as transitorios/as) y otros tantos de su ejercicio efectivo, sometido a múltiples limitaciones procedimentales que reducen su capacidad de sorpresa y presión. No resulta extraño, por ello, que la conflictividad laboral termine excediendo los canales legales. En este marco, cortes de acceso, ocupaciones de espacios adyacentes, bloqueos parciales e interrupciones de circulación han sido mecanismos complementarios utilizados por los/as huelguistas especialmente allí donde la institucionalidad ofrece menores recursos favorables.

En el movimiento estudiantil, particularmente en la educación secundaria, las tomas de establecimientos y otras formas de ocupación del espacio público también han sido recurrentes y han hecho posible que la educación y otros problemas que afectan las condiciones de vida de las familias trabajadoras irrumpan en la agenda pública. Forman parte de repertorios históricos de acción colectiva desarrollados precisamente en contextos de elevada desigualdad y de escasa receptividad institucional frente a las demandas populares.

Y más allá de estos grupos específicos, se puede ver en las medidas contempladas en el proyecto una señal disuasoria hacia la protesta en general. Cuando el costo potencial de participar en una movilización -donde las personas se pueden ver eventualmente envueltas en acciones consideradas ilícitas- aumenta de manera tan significativa, no solo se sancionan determinadas conductas. También se busca disuadir a cualquiera que evalúe organizarse, protestar o sumarse a acciones colectivas. El mensaje es claro: proteste, pero sin alterar el orden existente; movilícese, pero sin afectar el funcionamiento normal de las cosas.

En el caso de la huelga laboral, el mensaje resulta particularmente elocuente. Los trabajadores pueden movilizarse, pero evitando despliegues de fuerza. La huelga se espera que se reduzca solo a una demostración simbólica y a un desfile con challas y plumeros.

Pero la reducción de la jornada laboral, la sindicalización, la negociación colectiva, el sufragio universal y buena parte de los derechos sociales contemporáneos fueron resultado de procesos conflictivos en los que trabajadores, estudiantes y movimientos populares lograron modificar correlaciones de fuerza inicialmente adversas sin limitarse a los procedimientos institucionales previamente establecidos ni al decoro exigido por las élites. Debilitar esos recursos en nombre de la seguridad fortalece la posición de quienes ya concentran mayores cuotas de poder económico y político.

Esta discusión adquiere una relevancia particular en una etapa marcada por el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores trabajadores, el debilitamiento del crecimiento económico, la profundización de las desigualdades y la crisis que atraviesa la democracia liberal. No parece casual que, tras el ciclo de movilizaciones sociales de 2019 y en continuidad con iniciativas anteriores a este Gobierno orientadas al fortalecimiento de las capacidades coercitivas del Estado, se observe una expansión de instrumentos destinados a elevar los costos de la protesta popular y la acción colectiva.

El significado político del Registro de Vándalos e Incivilidades trasciende así el combate al vandalismo. Forma parte de una tendencia autoritaria más amplia mediante la cual las tensiones derivadas de una sociedad crecientemente desigual son administradas a través de nuevos mecanismos de control, vigilancia y disciplinamiento. Su núcleo no reside únicamente en sancionar determinadas conductas, sino en elevar los costos de aquellas formas de organización y protesta que históricamente han permitido a estudiantes, pobladores y trabajadores desafiar relaciones de poder establecidas. Allí radica su vínculo con una larga tradición de disciplinamiento social y también su lugar dentro de la actual ventana de crisis y transición.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2026/06/25/registro-de-vandalos-e-incivilidades-ecos-historicos-de-una-vieja-politica-de-disciplinamiento/