Un gobierno sin oposición y las dos derechas: la de Desbordes (RN) y la de Insulza (PS)
Un gobierno sin oposición y las dos derechas: la de Desbordes (RN) y la de Insulza (PS)
por Felipe Portales 21 mayo, 2020
Toda
auténtica democracia requiere de gobierno y oposición elegidos por el
pueblo. El primero, conduciendo el Poder Ejecutivo; y el segundo,
manteniendo un permanente ojo avizor de las políticas que se desarrollan
en función del mejor logro del interés público y fiscalizando los
errores e incluso eventuales corrupciones y violaciones de derechos
humanos que se produzcan. Desgraciadamente, desde 1990, en nuestro país
se ha producido una inédita confluencia entre gobierno y oposición que
se estructuró gráficamente en la “política de los consensos”, sobre la
base práctica de la consolidación del modelo neoliberal impuesto por la
dictadura; incluyendo las cuestionadas privatizaciones efectuadas en su
período final; el Plan Laboral; las AFP; las Isapres; la ley minera; la
LOCE-LGE; las universidades privadas con fines de lucro; el sistema de
elusión tributaria; la minimización del poder de sindicatos, juntas de
vecinos, cooperativas y colegios profesionales; etc.
Lo anterior se fundamentó -de acuerdo al crudo
reconocimiento efectuado por el principal artífice de la “transición”,
Edgardo Boeninger- en la “convergencia” que experimentó el liderazgo de
la Concertación con el pensamiento económico de la derecha a fines de
los 80, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no
estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 369).
Para lograr que esto no se reconociese, fue clave el
solapado regalo de la futura mayoría parlamentaria que le aguardaba a la
Concertación de haberse mantenido los términos originales de la
Constitución del 80; regalo efectuado a través de una Reforma
Constitucional concordada entre Pinochet y la Concertación en 1989 (Ver
mi libro: Chile: Una democracia tutelada; Capítulo III,
Sudamericana, 2000). Así, los gobiernos concertacionistas adujeron
plausible, aunque engañosamente, que no podían llevar adelante sus
programas porque carecían de mayoría parlamentaria…
Todo ello se agravó incluso con las también inéditas
políticas activas para destruir los medios de comunicación de
centroizquierda llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos de
“centroizquierda”. Políticas consistentes en bloqueos de ayudas
financieras externas; en la mantención de la discriminación del avisaje
estatal que les hizo la dictadura; y en comprar algunos de dichos medios
(por personeros concertacionistas) para luego cerrarlos. Esto redundó
en su generalizada desaparición (Análisis, Apsi, Página Abierta, Hoy, Fortín Mapocho, La Epoca, Rocinante, Siete, Siete + Siete, Plan B, Punto Final…)
y en una concentración de los medios en manos de los grandes grupos
económicos ¡muy superior a la de la dictadura! De esta manera, ya no
hubo medios que pudieran criticar siquiera el neoliberalismo
concertacionista, cuando éste comenzó a hacerse evidente.
Y su culminación más vergonzosa se alcanzó con la política
consensual respecto de la búsqueda de impunidad de violaciones de
derechos humanos. Así, como lo reconoció con total claridad el mismo
Boeninger: “En el marco de la estrategia del gobierno, una primera
decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía
de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la
Concertación. Eso significaba aceptar que no habría castigo por condena
penal de los responsables de los crímenes cometidos con anterioridad a
su promulgación, con la sola excepción del asesinato de Orlando
Letelier, explícitamente exceptuado de dicha ley por el propio gobierno
de Pinochet” (Ibid.; p. 400).
Ello explica los reiterados intentos de gobierno y
oposición por legitimar a través de proyectos de leyes la vigencia de
dicha amnistía o de disminuir sustancialmente las penas de los
violadores de derechos humanos: El Acuerdo-Marco de 1990; el proyecto de
ley Aylwin de 1993; el proyecto de ley Frei de 1995 y el Acuerdo
Figueroa-Otero del mismo año; el proyecto de la Comisión de DD. HH. del
Senado de 1999; el proyecto de Lagos de ley de inmunidad de 2003; el
proyecto de ley de senadores concertacionistas y aliancistas de 2005; y
su reflotamiento por el gobierno de Bachelet en 2007. Afortunadamente
todos esos intentos fracasaron debido fundamentalmente a la frontal
oposición de las ONG de DD. HH. nacionales e internacionales; y,
particularmente, de las agrupaciones de familiares de detenidos
desaparecidos y de ejecutados políticos.
Y explica también el extremo –de difícil parangón ético en
la historia- de la defensa conjunta que hicieron de la impunidad de
Pinochet para lograr su “exitosa” liberación de la segura condena que le
esperaba en Europa; y, luego, para lograr la impunidad del ex dictador
en Chile presionando al Poder Judicial. En ambos casos, además, se
adujeron manifiestamente falsas razones de salud mental.
Estos gobiernos, sin real oposición, pudieron entonces
consolidar sin problemas el “modelo chileno” hasta que a partir de 2011
surgieron fuertes movimientos sociales que empezaron a cuestionar
aspectos importantes, pero sectoriales del modelo. Estos fueron
sobrellevados a través de reformas muy acotadas en el plano educacional,
reformas que ni siquiera alcanzaron a modificar los elementos básicos
del modelo en ese ámbito. Hasta que llegó el “estallido” o “rebelión”
social de octubre pasado que reveló una profunda oposición mayoritaria a
la continuación del neoliberalismo explotador y abusivo.
Sin embargo, continuando con la lógica consensual de la
mantención del modelo, “las dos derechas” (como atinadamente las
denominó Sergio Aguiló hace ya muchos años), llegaron a un nuevo
consenso en torno a la idea de establecer una Constitución -que
sustituyese a la Constitución del 80; suscrita por Ricardo Lagos y todos
sus ministros en 2005, luego de algunas reformas importantes pero que
no alteraron su esencia autoritaria y neoliberal- que contara con el
consenso (valga la redundancia) de ambas, al establecer ¡un quórum de
2/3 para su aprobación. Algo que, además, repugna la regla esencial
democrática de las mayorías; y que, por cierto, impediría -incluso,
aunque se diese una muy improbable vuelta a las raíces
centroizquierdistas del liderazgo de la ex Concertación- una sustitución
del actual “modelo chileno”.
Y, finalmente, una vez que llegó a Chile la terrible
pandemia del covid-19, el Gobierno –con el tácito silencio de la
oposición- se embarcó en marzo en una política básicamente reactiva y no
preventiva para luchar contra ella; política que fue fuertemente
cuestionada por el Colegio Médico, bajo la dirección de Izkia Siches; y
por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), dirigida por el
alcalde RN de Puente Alto, Germán Codina. Y en esa lucha de los alcaldes
–que se hizo acre por la actitud excluyente del ministro Mañalich,
incluso de negarles información del impacto que estaba teniendo la
epidemia en cada comuna- ha resaltado la débil actitud adoptada por los
alcaldes de la ex Concertación. Quienes se han destacado han sido
alcaldes de la derecha tradicional como –además de Codina- Kathy
Barriga, Rodolfo Carter y Karen Rojo; y de izquierda, como Gonzalo
Durán, Daniel Jadue y Jorge Sharp.
Y ahora, en que está quedando en completa evidencia el
tremendo fracaso de las estrategias gubernamentales reactivas -con el
incremento explosivo de infectados y el atochamiento creciente de los
hospitales y clínicas para atender a los enfermos graves- ha surgido una
nueva iniciativa “transversal” –denominada “Pacto Social”- auspiciada
por destacados líderes de las dos derechas como el presidente de RN,
Mario Desbordes y el senador PS, José Miguel Insulza; en que se pretende
abordar los aspectos más agudos de la grave crisis sin, por cierto,
alterar las bases esenciales del “modelo chileno”.
Extractado de: https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/05/21/un-gobierno-sin-oposicion-y-las-dos-derechas-la-de-desbordes-rn-y-la-de-insulza-ps/
Comentarios
Publicar un comentario