Una alternativa al plan económico del Gobierno para hacer frente al COVID-19

22.03.2020

Por Nicolás Bohme y Javiera Petersen

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El plan económico del gobierno para enfrentar la pandemia es insuficiente, dicen los autores de esta columna, investigadores del Observatorio de Políticas Económicas. Cuestionan que solo un 35% de esa propuesta es gasto mientras el grueso, crédito. Aquí presentan un plan alternativo que no solo apoya a las empresas, como hace el gobierno, sino a también a los trabajadores y consumidores. La propuesta incluye fijación de algunos precios y que el Estado se haga cargo de los salarios de quienes deben dejar de trabajar. Para financiarlo, estiman, “el gobierno puede y debe endeudarse”.

El shock económico que vivirá la economía los próximos meses no tiene precedentes, ni en su magnitud, ni en su origen. El combate contra el COVID-19 requiere de medidas agresivas de distanciamiento social que necesariamente reducirán temporalmente la capacidad productiva de nuestra economía. A diferencia de las crisis financieras cuyo origen son decisiones de negocios y/o políticas económicas que impiden el normal funcionamiento de la economía por un corte de los flujos de capital, la crisis actual tiene su origen en una crisis sanitaria que rompe las cadenas de producción, distribución y consumo en un mundo que organiza su economía mayoritariamente a través de cadenas globales de valor. Entender esta diferencia es crucial para el diseño de un plan económico de rescate adecuado a la envergadura del momento.

Varios sectores económicos pararán la producción. El impacto más pronunciado lo sentirán sectores ligados a los servicios como comercio, transporte, hotelería, restaurantes, actividades recreativas y profesionales, que en conjunto emplean a más de dos millones de personas en el país. Sin embargo, si el COVID- 19 agudiza su impacto y las autoridades toman medidas más estrictas de resguardo, tales como el cierre de ciudades, cierre de empresas, o un aislamiento extendido y obligatorio, la industria manufacturera también se verá afectada, lo que impacta también a las actividades asociadas a los recursos naturales como la minería del cobre. Esto revela una verdad hasta ahora incómoda: la acumulación del capital, el funcionamiento del sistema económico mundial, radica en las y los trabajadores.

La naturaleza de esta crisis, en contexto de una pandemia, requiere entonces de otro tipo de seguro social. Ofrecer liquidez a las empresas mediante créditos – incluso a tasa 0%– es insuficiente cuando no se produce (¿de dónde vendrán los flujos futuros?). Asegurar el ingreso solo a las/os asalariados es insuficiente en un país cuya tasa de ocupación informal reportó un 29,6% el trimestre móvil noviembre 2019 – enero 2010 (INE). Dado el origen del shock económico actual, el plan económico debe buscar sostener el aparato económico y sus relaciones (trabajador/a – empresa – comprador) no dejando caer a las unidades que lo componen. Varios economistas, entre los que se encuentran Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (Universidad de California, Berkeley), argumentan que este tipo de plan económico solo es posible hoy si el Estado actúa como comprador de última instancia (“buyer of last resort”), reemplazando la demanda que no existe cuando la producción se detiene. Este tipo de acciones son posibles dado el origen de la crisis y la temporalidad que supone.

Las medidas para frenar el Covid-19, como el aislamiento extendido y obligatorio, revela una verdad hasta ahora incómoda: la acumulación del capital, el funcionamiento del sistema económico mundial, radica en las y los trabajadores.

El plan económico que hoy anunció el Gobierno es importante, pero insuficiente. Más aún, no es un plan que busque contener esta crisis desde su naturaleza: una crisis sanitaria que rompe el funcionamiento real de la economía. De los US $11.750, que corresponden al 4,7% del PIB del país, solo un 35% representan gasto (como el gasto en salud y el refinanciamiento del seguro de cesantía), el resto del monto está entregado en forma de créditos (la postergación del pago de impuestos es un crédito a tasa cero). Como Observatorio de Políticas Económicas creemos necesario, y posible, ejecutar un plan de medidas económicas centrado en el Estado como comprador de última instancia, y así, brindar la seguridad económica que las y los trabajadores de Chile necesitan.

A continuación presentamos propuestas que tienen como objetivo principal proteger el ingreso de las familias trabajadoras. Estas medidas ayudarán a las empresas, especialmente pequeñas y medianas, a sortear esta crisis. Además, contribuirán a sostener la demanda agregada para que el dinamismo económico se retome rápidamente una vez que finalicen las necesarias medidas para combatir esta pandemia. ¿Cómo se financian? El Gobierno puede y debe endeudarse. Esa es la actitud más responsable para enfrentar crisis económicas. La deuda se pagará los años futuros con los ingresos del sistema tributario, por lo que se requiere establecer un sistema tributario que no solo asegure mayores ingresos, sino que también fortalezca el carácter progresivo de éste. Una reforma tributaria será necesaria.

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• Medida 1: Garantizar el salario de todos los/las trabajadores/as.

Muchas empresas de los sectores más golpeados se verán obligadas a detener o disminuir radicalmente sus actividades durante la pandemia. Esto podría implicar cientos de miles de despidos y quiebras masivas. Para evitarlo, se debe permitir que las empresas declaren una suspensión temporal. Al activarse, el Gobierno se hará cargo del salario de los/las trabajadores a los que se les solicite dejar de trabajar temporalmente. Se pondrá como requisito que las empresas no despidan a ningún trabajador/a. Además, se fomentará la reducción de horas como solución alternativa a la suspensión temporal. El Gobierno financiará las horas que se reduzcan de la jornada de los/las trabajadores/as. El salario garantizado incluirá a los/las trabajadores/as de servicio doméstico, quienes podrán decidir acogerse a éste de manera voluntaria.

• Medida 2: Indemnización de 4 sueldos en caso de despido.

Las/los trabajadores que sean despedidos no obstante la medida anterior, tendrán garantizada una indemnización equivalente a 4 sueldos, sin importar su antigüedad en la empresa. El Gobierno complementará la indemnización en los casos en que a las empresas les corresponda pagar una indemnización menor a dicho límite.

• Medida 3: Reemplazar el ingreso perdido de los/las trabajadores/as por cuenta propia.

Casi el 25% de la fuerza de trabajo no posee relación de dependencia, sino que trabaja por cuenta propia. Muchos de ellos en los sectores más afectados por esta crisis. Estos trabajadores/as son los primeros en sentir la caída en la demanda fruto de las medidas de contingencia. El Gobierno debe reemplazar la totalidad de los ingresos perdidos, según la facturación promedio de los meses anteriores, de manera que no deban enfrentar una merma de ingresos que está absolutamente fuera del alcance de sus acciones.

La naturaleza de esta crisis, en contexto de una pandemia, requiere entonces de otro tipo de seguro social. Ofrecer liquidez a las empresas mediante créditos – incluso a tasa 0%– es insuficiente cuando no se produce (¿de dónde vendrán los flujos futuros?). Asegurar el ingreso solo a las/os asalariados es insuficiente en un país cuya tasa de ocupación informal reportó un 29,6% el trimestre móvil noviembre 2019 – enero 2010 (INE).

• Medida 4: Reemplazar el ingreso perdido por comisiones, cumplimiento de metas, propinas, entre otras.

Las empresas pequeñas y medianas no poseen la espalda financiera ni el capital para resistir situaciones de crisis como la que estamos viviendo. En los sectores afectados por esta crisis, el Gobierno compensará la totalidad de la pérdida de ingresos, tal como con las/los trabajadores/as por cuenta propia. Las empresas elegibles dentro de los sectores afectados serán las elegibles para los regímenes simplificados de tributación.

• Medida 5: Apoyar a los/las trabajadores/as informales, los más vulnerables.

Debido a las características estructurales de nuestra economía, una proporción importante de los/las trabajadores/as realiza actividades remuneradas de manera informal, y no tiene la posibilidad de demostrar ingresos. Son quienes trabajan en condiciones más precarias, y requieren de su ingreso mensual para cubrir sus necesidades básicas. El Gobierno entregará el equivalente a un ingreso mínimo mensual por cada mes que duren las medidas de distanciamiento social, a cada persona que no posea ninguna fuente de ingreso comprobable y que esté fuera de los sectores más ricos del país.

• Medida 6: Apoyo especial para las empresas pequeñas y medianas.

Las empresas pequeñas y medianas no poseen la espalda financiera ni el capital para resistir situaciones de crisis como la que estamos viviendo. En los sectores afectados por esta crisis, el Gobierno se compensará la totalidad de la pérdida de ingresos, tal como con las/los trabajadores/as por cuenta propia. Las empresas elegibles dentro de los sectores afectados serán las elegibles para los regímenes simplificados de tributación.

• Medida 7: Fijación de precios.

El objetivo de las medidas anteriores es resguardar el ingresos de las/los trabajadores. Sin embargo, estas medidas pierden efecto si ciertos productos básicos y otros necesarios para controlar el COVID-19 (mascarillas, alcohol gel, cloro, etc.) suben de precio producto de la especulación y la obsesiva búsqueda de ganancia por parte de las empresas. El Gobierno debe establecer una canasta básica especial y fijar el precio de los productos y servicios que la compongan con el fin que todos/as pueden adquirirla, limitando la cantidad que cada persona puede comprar para evitar el acaparamiento.

Extractado de:  https://ciperchile.cl/2020/03/22/una-alternativa-al-plan-economico-del-gobierno-para-hacer-frente-al-covid-19/