Bukele: La verdad del presidente influencer que lucha contra las pandillas

Hay un hecho que ningún materialista serio puede negar: cuando Nayib Bukele llegó al poder, El Salvador era un territorio donde el Estado había cedido el monopolio de la violencia a las pandillas. Los gobiernos de ARENA y el FMLN –que se peleaban el hueso mientras se repartían el pastel– no solo fueron incapaces de frenar a la MS-13 y la 18, sino que, como revelaron múltiples investigaciones, negociaron con ellas, les compraron votos y les permitieron operar a cambio de cuotas políticas. La tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes no era un número: era el termómetro de una guerra no declarada donde el Estado era un actor secundario, cuando no cómplice.

 

Bukele entendió algo que sus predecesores no quisieron ver: la inseguridad no era un problema de "falta de recursos", sino de voluntad política y de alianzas podridas. Y con una mezcla de inteligencia táctica, uso masivo de redes sociales y una puesta en escena digna de un reality show, se lanzó contra las maras con una ferocidad que devolvió la tranquilidad a las calles. Hoy, con una tasa de 2 homicidios por cada 100.000, cualquier salvadoreño puede caminar de noche sin temor a que lo levanten. Eso es un logro objetivo, tangible, y la razón de su aplastante popularidad. La masa lo respalda porque sintió que, por fin, alguien le devolvió la dignidad que los partidos tradicionales le habían arrebatado.

 

Hasta ahí, el diagnóstico es impecable. El problema viene cuando el remedio se convierte en la enfermedad.

 

Porque este gobierno no se limitó a desarticular a las pandillas: decidió desarticular el Estado de derecho. Y aquí no hay opiniones, hay documentos, informes de organismos internacionales, investigaciones periodísticas y declaraciones del propio Bukele que lo confirman.

 

Primero: la maquinaria de detención masiva. Más de 90.000 personas tras las rejas convierten a El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del planeta. Eso no es seguridad, es hipercarcelamiento. El propio gobierno admitió que al menos 8.000 de esos presos eran inocentes. Organizaciones como Cristosal elevan la cifra a 30.000. ¿Qué significa eso? Que por cada pandillero real, metieron a tres jóvenes con tatuajes, con el mismo apellido o que simplemente estaban en el lugar equivocado. El régimen de excepción –que suspendió el derecho a abogado, a conocer los cargos y a un juicio individual– convirtió la justicia en una cadena de montaje donde un juez condena a 500 personas de una sola vez sin mirar sus nombres. ¿Eso es Estado de derecho? No, eso es justicia industrial.

 

Segundo: la muerte bajo custodia. Más de 500 fallecidos en prisiones, la mayoría sin condena. Informes de Socorro Jurídico Humanitario documentan palizas sistemáticas, descargas eléctricas, asfixias y negación de medicamentos. Esto no es "exceso de celo", es tortura institucionalizada. Varios juristas ya han presentado denuncias ante la CIDH por crímenes de lesa humanidad. Cuando el Estado mata a personas que ni siquiera han sido juzgadas, deja de ser protector para convertirse en verdugo.

 

Tercero: la captura total de los poderes. Bukele no pidió permiso: tomó militarmente el Congreso en 2020, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema en 2021 para imponer jueces leales, y luego reformó la Constitución para habilitar la reelección indefinida y extender su mandato a seis años. Controla la Asamblea, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral y ahora también la narrativa internacional. ¿Qué contrapeso le queda al pueblo? Ninguno, porque hasta la calle está de su lado. Paradoja dialéctica pura: el mismo pueblo que lo aclama es el que ha perdido toda herramienta para controlarlo.

 

Cuarto: el negocio familiar. Mientras firmaba leyes que exoneraban de impuestos las inversiones en el centro histórico de San Salvador, sus hermanos compraban propiedades en esa misma zona. Mientras vendía su café "Hacienda Dorada" en Amazon, una investigación de El País reveló que su familia multiplicó por 12 sus tierras, pasando de 170.000 dólares en propiedades a más de 9 millones en fincas de lujo. No es corrupción "tradicional" –esa de maletines y sobornos–, es corrupción legalizada: legislar para beneficio propio y blindarlo con el voto de una Asamblea sumisa. Si eso no es apropiación del Estado, que venga un liberal a explicarnos qué es.

 

Pero la guinda del pastel, la que convierte todo esto en una amenaza regional, es su integración al "Escudo de las Américas", la coalición militar que Trump ha lanzado con sus "lamebotas" ideológicos. Bukele ha ofrecido el CECOT –esa megacárcel que ya es un símbolo de horror– para albergar a criminales y migrantes que EE.UU. designe como "terroristas".

 

Ahora, usemos la lógica materialista: si en El Salvador ya encarcelaron a 8.000 inocentes con el pretexto de "luchar contra las pandillas", ¿qué impide que mañana encarcelen a opositores venezolanos, periodistas nicaragüenses o sindicalistas mexicanos bajo la etiqueta de "terroristas"? Nada. Porque la designación de terrorismo es unilateral, arbitraria y políticamente conveniente. Bukele no es un ideólogo de derecha; es un pragmático del poder que ha encontrado en Trump el paraguas perfecto para que ni la OEA ni la CIDH puedan tocarle un pelo. Al ofrecer su país como cárcel del imperio, no solo externaliza la mano dura de Washington, sino que se convierte en el carcelero de la región, un rol que históricamente ha servido para silenciar disidencias y legitimar golpes encubiertos.

 

Y aquí viene la ironía más amarga: el mismo pueblo que aplaude a Bukele por haberles devuelto la paz, está financiando con sus impuestos un aparato represivo que, de seguir así, terminará siendo usado contra cualquiera que cuestione al gobierno. Porque ya lo están haciendo: hay 86 presos políticos documentados, más de 240 activistas perseguidos, líderes ambientales y sindicalistas encarcelados bajo el mismo cargo fantasma de "agrupaciones ilícitas". La oposición ya no está en las calles, está en las celdas.

 

Bukele resolvió una contradicción central (la inseguridad) pero generó otra mucho más profunda: la destrucción de todo andamiaje democrático. Su popularidad es la coartada perfecta para consolidar una autocracia moderna, con rostro joven, redes sociales y misiles de precisión. El Salvador no es una dictadura de las de antes, con tanques y toques de queda; es una dictadura plebiscitaria, donde el líder hace lo que quiere porque el pueblo le da permiso, y el pueblo le da permiso porque el líder le dio lo que más necesitaba. Ese es el nudo gordiano de nuestra época: ¿cómo criticar a quien te salvó la vida, si para salvarla tuvo que romper todas las reglas?

 

La pregunta que el materialismo histórico nos obliga a hacer no es si Bukele es bueno o malo, sino: ¿qué clase de sociedad está construyendo? Una que cambia pandilleros por presos políticos, que trueca balaceras por torturas institucionales, que intercambia miedo a las maras por miedo al Estado. Y ahora, con el Escudo de las Américas, ese modelo se exporta como franquicia: mano dura, jueces dóciles, cárceles infinitas y alianzas con el poder hegemónico del norte. Si eso es "la nueva izquierda" o "la derecha eficiente", da igual: en el fondo, es el viejo truco de siempre –concentrar el poder y borrar los contrapesos– pero con mejor marketing. Y esa, compañeros, es la contradicción que no podemos dejar pasar. Porque la paz sin justicia no es paz: es una tregua con el verdugo.

Publicado en el face el 6.7.26 por: 

El Núcleo

NdR y no ha solucionado lo problemas de base e igualmente ha negociado con las maras, los periodistas: han debido exiliarse para evitar el asesinato y la prisión.