Si bien el no cumplimiento del Derecho a
vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación – garantizado por la
Constitución – es un asunto sumamente grave, lo es aún más que el Estado
lo asume en su discurso al retomar la denominación de “zonas de
sacrificio”, como lo denuncia Cristina Girardi, diputada PPD, al
puntualizar que más encima de que las normas vigentes de control de la
contaminación sean mínimas e insuficientes, ni siquiera se las cumple en
la práctica. “El Estado no tiene derecho a sacrificar a nadie: es muy problemático que en el discurso oficial (no legal) ocupen esa expresión.
El Estado tiene justamente que cautelar que no existan zonas de
sacrificio, sino significaría autoelimininarse como Estado democrático. Y
lo asume como si fuera lo más normal del mundo.” Agrega que
hace falta ampliar el concepto de zonas
de sacrificio a todos los territorios devastados por la actividad
industrial para lograr fomentar un panorama que verdaderamente cuente de
la amplitud del fenómeno: la indiferencia del Estado sería entonces
relevante de apuntar en muchos ámbitos, como “para los casos de las forestales y del agua en la región de la Araucania” recalca Girardi, entre muchos otros ejemplos.
La necesidad de una nueva ética
A la hora de considerar lo que resultan ser “agresiones ambientales”, una pregunta oportuna parece ser “¿para quién se gobierna?”
Desde el enfoque de director del OLCA, el marco legal, por ser muy
insuficiente, señala que la finalidad de las leyes no es la protección
del Medio Ambiente o de la Salud Humana. Las normas vigentes, muy
flexibles, no están sancionadas por un control serio por parte de la
Superintendencia, lo que permite entender por qué plantas que ni
siquiera respetan las limitaciones de contaminación actuales siguen
funcionando sin rendir cuentas. Es aún más notoria la invisibilización
que se hace del problema cuando se detalla la ausencia de monitoreo de
los niveles de contaminación, lo que imposibilita la formación de
pruebas que permitirían acudir a tribunales con el fin de enjuiciar y
condenar los responsables correspondientes.
Puesta en la mesa esta vulneración de los derechos humanos, “Crónica de una muerte anunciada”,
apela para el reconocimiento y el respeto del derecho de las
comunidades en participar en los procesos decisorios que les afectan
directamente. El principio de Justicia Ambiental implica un reparto
igualitario de las cargas y de los beneficios ambientales del
crecimiento económico, y pone el consentimiento de la gente afecta en el
centro de la legitimación de esta distribución. Asimismo, en ningún
caso puede justificar la hipoteca de las oportunidades de desarrollo de
las generaciones futuras, para fines individuales y cortoplacistas.
Aboga por una “nueva ética” cívica e
institucional, que intuye una evolución sustancial en nuestra forma de
concebir el relacionar con la naturaleza, como parte de la cadena de la
vida humana, y detentora de un valor en sí mismo.
Las zonas de sacrificio evidencian claramente el “apartheid chileno”.
Estos territorios que concentran en
espacios reducidos unas de las actividades con mayor generación de
contaminación nacional, evidencian según él una tendencia nacional que
hace coincidir destrucción del Medio Ambiente con pobreza, según “una filosofía clasista” que desprecia los sectores más desfavorecidos de la población.
El activista – cuya organización
suministra apoyo a las comunidades que luchan por su derecho a gozar de
sus recursos ambientales – identifica “una lógica de chantaje”
que toma de rehén a una minoría vulnerable y la sacrifica en el altar
de una idea de crecimiento. Esta justificación por la búsqueda del “bien
común” es “indigna de una sociedad que pretende haber alcanzado la democracia”,
destacando que el modelo constitucional que propicia el lucro por la
extracción de recursos en desmedro de los derechos básicos de los
ciudadanos es una herencia del periodo dictatorial. Asimismo, apunta al
actual gobierno por el incumplimiento de sus promesas electorales, entre
las cuales figuraba que se encauce la sociedad hacia una reforma de la
Constitución de 1980.
Según Girardi, antropóloga de formación, “este sacrificio ni siquiera cumple con su función de realizar el bien común”, dado
el nivel de desigualdad y la escasez de los mecanismos redistributivos
que caracterizan el modelo de “Democracia Capitalista”* que adoptó Chile
al salir del periodo dictatorial, y que confirmó la arquitectura
económico-política heredada de este, en los dominios de la Salud, de la
Educación, del sistema pensional, y del manejo de recursos naturales, y
que en Chile siguen aprisionados en las manos de actores privados (*de
acuerdo con la teoría desarrollada por el profesor en ciencia política
de la Universidad Católica, Alfredo Rehren).
El Estado está totalmente coludido con una clase del sector económico.
Testigo privilegiada del manejo del
poder en el Congreso, la diputada del PPD no solo identifica la fuente
del problema en una despreocupación de nuestros dirigentes sino en una
colusión obvia y sinvergüenza pactada entre los que asumen los cargos
estatales y los sectores empresariales en Chile. Y son abundantes los
casos que ejemplifican su planteamiento. El establecimiento de las
últimas normas de emisión de monóxido azufre es uno conspicuo de ellos: “Se supone que actualmente es de 250 (mg/m3 por 24 horas). Salud había propuesto disminuirla a 150, y el Consejo de ministro lo subió a 200. Cuando la norma de la OMS es 20”. En
una confesión sincera, denuncia un sistema de presión subyacente en el
cual la mediación del Ejecutivo favorece sistemáticamente a la demanda
apenas disimulada de las poderosas empresas. Comprometida en la
promoción de un nuevo Código de Aguas desde hace una década, comprobó en
carne propia su eficacia. Este Código preveía entre otras medidas
amparar el agua como recurso no privatizable ante la posibilidad inicua
de las mineras de apropiarse de las napas en su cercanía, haciéndola
inutilizable para todo uso de interés común. El Código, al punto de ser
aprobado después de una labor ciclópea, se eliminó cuando Bachelet
asumió, haciendo caer el artículo votado sobre las “aguas del minero” al
olvido. Otro triste ejemplo es el del caso de la protección de los
glaciares, esenciales en su ecosistema y parte del patrimonio natural
nacional, se trató de protegerlos todos -sin excepción- bajo la égida de
un nuevo estatus. Sin embargo, después de presiones por parte de
empresas mineras, como la Pascua Lama en la Región de Atacama, se
decretó que serían sujetos de protección los que se notifican
arbitrariamente como “reserva estratégica”. Entonces, ya no es de discutir el tema de la colusión de la clase política con el sector económico-empresarial. “Hasta en nuestras propias filas”, reconoce, apuntando a un expresidente del Consejo Minero, del cual se supo que tenía intereses con grupos extranjeros.
Sin embargo, la diputada va aún más
allá, y destaca un arraigo y apego de índole cultural en priorizar
siempre al sector privado, que se fue implementando en la tradición y
práctica estatal, particularmente bajo la dictadura: “Culturalmente,
hay una permisividad, hay una falta de límite sumamente grave respecto
de cómo el Estado vulnera la propia legislación que tiene que cautelar, y
aparte hay claramente esa no preocupación, este no cumplimiento está
para favorecer el sector económico”.
Una falta flagrante de conciencia política y ciudadana, y de visibilización mediática.
La ausencia del tema en la agenda de
políticas públicas conlleva, necesariamente, a una invisibilización
mediática del problema. En este caso particular, los medios de
comunicación tradicionales han incumplido con su tarea democrática
esencial de alertar la ciudadanía y de participar en el impulso
colectivo hacia una toma general de conciencia que sí hace correr las
fronteras del poder.
Lucio Cuenca lamenta que el tema no sea
ya implementado como evidencia en el panorama de las prioridades de los
movimientos políticos, sobre todo en este periodo preelectoral. Deplora
que el Frente Amplio, que parece retomar el afán por mayor modernidad
política proveniente de la Sociedad Civil, solo lo integre en términos
genéricos.
Cristina Girardi comparte su análisis. Según ella, “La ciudadanía y la política lo ve como un tema marginal”. A su juicio, el trabajo de sensibilización tendría que girar en tornoa dos pilares: “Por un cambio del ideario y el verdadero empoderamiento de la ciudadanía gracias
a un profundo proceso de información, en un Chile que sigue siendo
bipolar, con un núcleo que persiste en ser reacio a la democracia. Nos
hace falta una gran masa empoderada desde el punto de vista de poder
hacerse cargo por sí misma de los problemas y sus soluciones, no solo de
alegar y expresar su descontento de forma vana.” Citando al filósofo francés Edgard Morin, continúa: “Tenemos que reeducar nuestra forma de pensar. Y comprometernos por un cambio de la estructura del pensamiento, porque ahora todavía estamos en el respirar, dormir y cagar”.
2 de mayo 2017.
Fuente: https://radio.uchile.cl/2017/05/02/zonas-de-sacrificio-una-cultura-de-vulneracion-de-los-derechos-ciudadanos/
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