Cuba, una democracia con apellidos

Capitolio, La Habana. Fotografía: Allan Barboza-Leitón | Colectivo de Comunicación LaKanaya.

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Arantxa Tirado

La Kanaya

La caída de la Unión Soviética trastocó la correlación de fuerzas en el sistema internacional. Si el fin del bloque socialista cambió la vida de millones de seres humanos y reconfiguró la geopolítica mundial, en una pequeña isla como Cuba supuso una hecatombe. De un día para otro, la economía cubana se desplomó por la pérdida de su principal socio comercial y aliado político. La Cuba revolucionaria entró en uno de sus momentos más críticos, conocido como “Período especial”, y muchas fueron las voces que anunciaron el fin del socialismo también en esta isla del Caribe. Pero la Revolución cubana, contra todo pronóstico, resistió, superó los obstáculos y mantuvo su sistema en pie, quedando prácticamente como el único referente vivo de una sociedad socialista.

Apuntar a esta excepcionalidad no es anecdótico ni un mero ejercicio de memoria histórica. Sirve para contextualizar un presente que no puede entenderse sin la existencia de un mundo que fue posible y que algunos se empeñan en sepultar como si nunca hubiera existido. Todo sistema responde a unos intereses de clase determinados y el resultado de su ordenamiento institucional, producto de un proceso histórico y un corpus teórico determinado, será distinto, evidentemente, en función de si hablamos de una democracia capitalista o una democracia socialista. Tanto el capitalismo como el socialismo desarrollaron instituciones basadas en sus principios, ideología y maneras de entender la vida. Las del capitalismo las conocemos, las del socialismo no. Y aquí radica gran parte del problema de los “análisis” sobre el sistema político cubano que encontramos hoy en la prensa mundial: desconocimiento de su realidad institucional, negación de su legitimidad y descontextualización histórica y geopolítica de un proceso político que no se rige por los parámetros de los poderes económicos detrás de los conglomerados mediáticos que repiten al unísono “Cuba dictadura”.

Pero, sentimos decepcionarles, Cuba no es una dictadura sino una democracia socialista. Habrá a quien sorprenda que la democracia se use con apellidos. ¿No es acaso la democracia un término unívoco, coincidente con la definición liberal de democracia, con separación de poderes, pluralidad partidista, sufragio periódico y derechos civiles y políticos de primera generación? ¿Puede un país que no “respeta” la concepción liberal de la democracia considerarse como tal? Desde luego, para quienes conciben la democracia liberal procedimental como un universal utilizado a conveniencia para declarar amigos y enemigos en el tablero geopolítico, en función de la expansión de sus intereses económicos, Cuba no es una democracia. En contraste, para el pueblo cubano que se dotó de una democracia con apellidos, sí lo es.

Sin embargo, a Cuba se la critica desde afuera por su supuesta falta de democracia, por no tener elecciones, ignorando su sistema electoral, el origen de su legitimidad democrática o el funcionamiento y composición de sus instituciones. Realizar críticas a un sistema político pese a su absoluto desconocimiento debería provocar sonrojo, pero es una muestra más del abandono del debate ideológico, que ha reforzado un pensamiento único funcional a la dominación capitalista.

En Cuba el pueblo es soberano y ejerce su soberanía de manera directa con “voto libre, igual, directo y secreto” para la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), un órgano unicameral del que emanan el jefe de Estado (ahora presidente de la República) y de Gobierno (ahora primer ministro designado por la ANPP, a propuesta del presidente), elegidos de manera indirecta. De la ANPP surge el Consejo de Estado, órgano que la representa entre sesiones. A diferencia de las democracias capitalistas, en Cuba no hay división de poderes sino de funciones estatales bajo el principio de unidad de poder. Este radica en el pueblo y se expresa en las instituciones mediante su delegación. La base de esa delegación es la ANPP, poder supremo elegido de manera directa, y de él se derivan todas las elecciones indirectas. El Partido Comunista de Cuba es la fuerza política “dirigente superior de la sociedad y el Estado” pero el poder político es compartido, además, con distintas organizaciones de masas (estudiantiles, sindicales, de mujeres, pequeños productores, etc.) donde se agrupa el pueblo cubano. Las instituciones estatales se complementan con organismos o representantes de elección popular como las Asambleas del Poder Popular, los Consejos Populares y los delegados de circunscripción. El Gobierno se despliega ejecutiva y administrativamente a través del Consejo de Ministros, donde participa el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba.

Otro de los aspectos omitidos en el debate, para presentar a Cuba como un “régimen esclerótico”, son los cambios que el sistema político cubano viene desarrollando en un proceso de actualización del modelo que se ha hecho más visible desde 2008. En el VI y VII Congreso del PCC se aprobaron los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” y la “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”, ambos emanados de la ANPP. Las reformas, de carácter político, económico y social, surgen por las demandas de mejoras del pueblo cubano, es decir, hablamos de un sistema que interacciona con la voluntad popular y que traslada, a través de los canales existentes, las propuestas de transformación que posteriormente deben materializarse. En la dilación de esta materialización, combinada con la crítica situación por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo que legó Trump, radica parte del foco de insatisfacción presente en las protestas del 11 de julio.

Quienes cuestionan la legitimidad del sistema cubano y arguyen su falta de hegemonía interna desconocen que apenas en abril de 2019 se promulgó, con respaldo mayoritario, una nueva Constitución en cuya elaboración participaron, vía barrios, centros laborales o de estudios, casi 9 millones de ciudadanos que enmendaron en un 60% el anteproyecto de la Comisión redactora de la ANPP. Incluso, hubo participación de cubanos residentes en el exterior, con más de 2000 propuestas. El resultado final implica una ampliación en derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pero también incorpora aspectos como la limitación o la revocabilidad del mandato de los dirigentes, quienes han de rendir cuentas, y mayor distribución de poder, antes concentrado en la figura del jefe de Estado. A partir de esta reforma, Cuba pasa a ser oficialmente un “Estado socialista de derecho y justicia social democrático, independiente y soberano”.

Por supuesto, en Cuba, como en otras democracias no socialistas, se dan disonancias entre la ley y su materialización. Armonizar el nuevo ordenamiento constitucional, desarrollar los aspectos más novedosos frente a las “inercias e inmovilismos” existentes, como denunció Raúl Castro en su discurso de despedida en el VIII Congreso del PCC de abril pasado o poner en marcha muchas de las iniciativas económicas contenidas en los “Lineamientos”, como ampliar las formas de propiedad y gestión no estatales, son algunos de los principales retos para la actual dirigencia. Aunque “la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción” sigue siendo la forma principal de propiedad, conjugar este ordenamiento socialista con la presencia de una economía cada vez más mixta requiere de equilibrios adicionales para no profundizar las desigualdades ya existentes. La apuesta por el desarrollo del sector turístico en los noventa fue germen de desigualdad, tal y como alertó Fidel. Una de las consecuencias fue una doble economía de facto por la coexistencia del peso cubano con una moneda convertible. Esto dio lugar a realidades disímiles, junto a grandes disparidades de poder adquisitivo en función del sector de trabajo o el acceso a remesas. Este es uno de los elementos de distorsión que se ha querido eliminar con la unificación monetaria implementada a inicios de año, en un momento delicado de carencia de liquidez del Estado por la no entrada de divisas vía turismo o remesas.

Nadie duda que las condiciones de vida en el socialismo cubano son mejorables. Cualquier persona que haya visitado Cuba se habrá dado cuenta que la vida cotidiana no es fácil, que resolver es un verbo que los cubanos llevan conjugando de mil maneras desde tiempos del “Período especial”. El impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU desde 1962 no explica todos los problemas, pero nada puede explicarse sin él. Como buena arma de guerra, se diseñó para provocar la asfixia económica que llevara a la implosión social demostrando así el “fracaso del socialismo” (curioso que no se deje nunca al socialismo fracasar por méritos propios…). Que amplios sectores quieren mejoras y que el proyecto cubano debe aprender a seducir también a las jóvenes generaciones bombardeadas por el espejismo del consumismo capitalista, es evidente. El proceso de reformas da cuenta de las adaptaciones que el socialismo cubano está haciendo para insertarse mejor en el mundo del siglo XXI. Pero no hay que confundirse. Querer reformas para un sistema no significa necesariamente querer acabar con él, sobre todo si todavía se ve como la mejor garantía para tener derechos universales negados en otros ordenamientos políticos. En la defensa de su sistema socialista y el cumplimiento de su agenda política reside todavía el consenso de la Revolución Cubana, y su sobrevivencia.

Arantxa Tirado es Politóloga, especializada en América Latina, Dra. en Relaciones Internacionales (UAB) y Dra. en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Orgullosa hija de la clase obrera. 

 

Extractado de: https://www.cubainformacion.tv/opinion/20260217/120912/120912-cuba-una-democracia-con-apellidos?fbclid=IwY2xjawQBfMpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBhQjhaaEExcDJWUWJIOFpOc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhUjH996EqQFFlpRwsbvAOLxTOl_mqwkkOGvaF3Uvbgf7c33VbDY_yxlGkTR_aem_UNz8saSjO4uoCLbkyfWlGw