Chile: Ariel Antonioletti y la pedagogía del terror en democracia

por Juan de Dios Abarca

La figura del lautarista Ariel Antonioletti, primer ejecutado político en democracia, constituye una herida abierta que desmiente de raíz la narrativa edulcorada de la “transición ejemplar”. Su muerte no fue un accidente: fue el signo inaugural de un régimen que, bajo el ropaje civil y el discurso del consenso, prolongó los dispositivos de la represión dictatorial y los dotó de una nueva legitimidad. Con Aylwin, y bajo la administración política de la Oficina dirigida por Marcelo Schilling y Jorge Burgos, el Estado democrático inició un ciclo de violencia sistemática que dejó 33 muertos, siete de ellos militantes del FPMR, y más de 150 apresados de esa organización, en una gigantesca operación contrainsurgente destinada no solo a neutralizar a la insurgencia sino a disciplinar la memoria y clausurar toda posibilidad de justicia histórica.

Antonioletti no cae únicamente por la acción directa de quienes ejecutan, sino por la arquitectura de impunidad que convierte la represión en política pública. Esa misma lógica se prolonga bajo Lagos, Bachelet y Piñera, con 15 comuneros mapuche asesinados en el marco de la militarización del Wallmapu, expresión coherente de un Estado que criminaliza la protesta y postula la seguridad como dogma mientras consagra la desigualdad como norma. Y si a este cuadro se agregan las más de sesenta leyes represivas impulsadas en tiempos de Boric —destinadas a blindar la impunidad de los responsables de la revuelta y a reinstalar el miedo como técnica de gobierno—, el mapa resulta inequívoco: la democracia administrada no ha sido un quiebre con la violencia de Estado, sino su sofisticación.

La impunidad exhibe además una armonía inquietante con la corrupción estructural recientemente refrendada en el caso del ministro Pardow, cuya gestión ha sido señalada por amparar el traspaso abusivo de costos por parte de las eléctricas a las cuentas de los hogares de los trabajadores, consolidando un sistema donde el saqueo se normaliza y la indignación se tecnifica hasta tornarse invisible. No se trata, entonces, de hechos dispersos, sino de una continuidad orgánica: represión, expolio y relato se entrelazan para mantener inalterado el pacto social que beneficia al gran capital.

En este escenario, la responsabilidad política inmediata por la muerte de Antonioletti no puede escindirse del entramado que hoy se rearticula electoralmente. Juan Carvajal y Ricardo Solari, señalados como responsables directos en la cadena de decisiones que desembocó en el crimen, integran el comando de Jeannette Jara, que en segunda vuelta pretende dotar de continuidad al mismo régimen, sintonizando sin pudor con los discursos de orden de Parisi y Matthei. Esta convergencia, lejos de ser táctica, revela una afinidad de fondo: la defensa del orden heredado, la administración del miedo y la normalización de la impunidad como condición de gobernabilidad.

Ariel Antonioletti encarna, así, una memoria incómoda que resiste a la neutralización y obliga a repensar el sentido mismo de la democracia chilena. Su nombre vuelve para recordar que no habrá reconciliación posible sin verdad ni paz durable sin justicia; que la continuidad del régimen no se mide solo en reformas y políticas públicas, sino en los cuerpos caídos, en las vidas quebradas y en la persistencia de un poder que, al amparo del consenso, ha hecho de la violencia su pedagogía más eficaz.

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Sergio Medina Viveros