Chile: Julio Cortés Morales: «En estos tiempos ‘gobernar es reprimir’»

Julio Cortés Morales: «En estos tiempos ‘gobernar es reprimir’»

No es necesario que Boric adhiera al pensamiento de Mussolini para que pueda gobernar utilizando herramientas propias del fascismo jurídico, como la Ley de Seguridad del Estado (que en campaña dijo que iba a derogar, pero apenas llegó al gobierno se la aplicó a Héctor Llaitul), o que, implementando el mandato de la Constitución de 1980, termine dictando una nueva Ley Antiterrorista.

Julio Cortés Morales es abogado y magíster en Derecho Penal. Autor de «¿Patria o Caos? El archipiélago del posfascismo y la nueva derecha en Chile» (2021), «Estruendo» (2018) y «1, 2, 3, 4» (2018), entre otros libros, en el marco de una exposición sobre los ámbitos de su investigación organizada por Las Urracas de Emaús, respondió consultas clave para la comprensión de la actualidad

 

– Las presentes leyes llamadas «antiterroristas» ¿tienen antecedentes lejanos en la legislación del Estado chileno o son una creación más bien reciente?

 

 – Son una creación relativamente reciente: hubo un proyecto de ley antiterrorista en tiempos de la Unidad Popular, pero fue la dictadura la que al imponer la «Constitución tramposa» en 1980 declaró inconstitucionales en el artículo 8 las doctrinas que «propugnaran» la violencia o predicaran la lucha de clases. Este artículo fue derogado cuando se negoció y plebiscitó la reforma constitucional de 1989, preparando el recambio en el poder desde la dictadura hacia la Concertación de Partidos por la Democracia: el origen de los famosos «30 años».

El archiconocido y muy criticado artículo 8 iba junto al artículo 9 de esa Constitución, en una sección titulada «totalitarismo y terrorismo», que se encargaba de dejar en claro que la Junta Militar adhería a la llamada doctrinas de la seguridad nacional, base ideológica de todos los terrorismos de Estado del siglo XX. El artículo 9 (modificado, pero aún vigente) dice que tiene que haber una «ley de quórum calificado» que penalice fuertemente las conductas terroristas, y les prohíbe una serie de beneficios que podrían tener otros autores de este tipo de delitos.

Dicha Ley Antiterrorista efectivamente se dictó, pero cuatro años después, impulsada por el inicio de las protestas nacionales y la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En democracia, esta Ley 18.314 fue modificada varias veces, en los gobiernos concertacionistas y de derecha, y se siguió usando sin asco, pero ahora básicamente contra mapuches y anarquistas. Hasta que en febrero de este año fue derogada y reemplazada por una nueva Ley Antiterrorista, que lleva la firma del presidente Boric.

– ¿Cuáles son los objetivos de fondo que adviertes en el paquete de leyes «antiterroristas», e incluso en la creación del Ministerio de Seguridad Pública por la actual administración de La Moneda? ¿Tiene alguna relación con la revuelta popular del 2019?

-Me costó un poco entender la necesidad para el Poder de una nueva Ley Antiterrorista. Porque después de tantos fracasos, como el caso Bombas I y sus derivados, la Fiscalía ya había tirado la toalla con esa vieja Ley tan polémica y difícil de operativizar, y prefería invocar y lograr que se aplicaran delitos comunes (como los incendios, lesiones, homicidios frustrados, daños del viejo Código Penal) y delitos especiales de la ley de Control de Armas (de 1972) o la Ley de Seguridad del Estado (de 1958), y así, sin enredarse en imputaciones terroristas de difícil prueba en juicio, lograr condenas como la de 86 años que le dieron al compañero anarquista Francisco Solar, recluido hace años en la cárcel-empresa de La Gonzalina, Región de O’Higgins.

Entonces, hay que entender bien por qué este gobierno «progresista» necesitó impulsar y dejar incorporada al ordenamiento jurídico chileno esta nueva e impresionante herramienta represiva: la Ley 21.732, cuando claramente es más fácil reprimir la protesta social y la violencia subversiva con el arsenal jurídico «normal».

La respuesta la da el propio gobierno. En su mensaje presidencial al proyecto de Ley finalmente aprobado en febrero de este año, Boric dice expresamente que la «ventaja práctica» de esta ley es que «la sola pertenencia a una asociación terrorista permite ya configurar un delito y, por tanto, perseguirlo penalmente. Es decir, con la propuesta ya no será necesario esperar a que el ataque terrorista se produzca, sino que podrá investigarse, procesarse y condenarse a quienes de manera organizada planean el ataque». Es decir, lo que esta Ley permite es que al identificar el terrorismo en principio con la actividad de un cierto tipo de organización (la «asociación terrorista»), en la medida que un grupo de personas se organice para «socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático» (art. 2 de la Ley 21.732), ya sería posible entrar a patadas en su casa y enviarlo a la cárcel, luego de pasar cinco días iniciales en poder de la policía y sin ver al juez de garantía, ni a un médico, ni poder avisarle a su defensor (art. 22).

Y por supuesto que, por un lado, esta ley forma parte del mismo paquete represivo con que se respondió a la revuelta del 2019. Desde la ley Antibarricadas del 2020, que logró lo que la frustrada Ley Hinzpeter no pudo hacer en los tiempos de Piñera I, a la Antitomas del 2023, que modifica el Código Penal a la medida exacta de las necesidades de los propietarios de tierras. Y, por otra parte, estas transformaciones son propias de la flexibilidad y mecanismos de intensificación de la respuesta punitiva que requiere el sistema penal del capitalismo avanzado entrando en fase apocalíptica. Lo del Ministerio de Seguridad Pública era una vieja idea de un sector de la clase dominante, que recién ahora pudieron plasmar y se ve que es más decorativa que nada: en el momento actual del capitalismo, no existe algo así como una verdadera «política pública» de control científico y serio de la criminalidad. Se gobierna en base a crear miedo y otorgar más facultades a los distintos tipos de policías que hay (ya no solo estatales y municipales, sino también privadas).

– ¿Es la ley Naín-Retamal, o de «gatillo fácil», el gran aporte represivo estatal del gobierno de Boric contra el derecho a manifestarse y protestar de las disidencias sociales y políticas respecto del orden establecido? ¿Por qué?

– Este gobierno ha hecho hartos más aportes en ese sentido que la muy nefasta Ley Naín-Retamal, que por cierto contempla muchas más medidas en contra de la protesta y a favor de la represión de lo que uno se imagina. Regula desde los aumentos de penas para quien ose atacar uniformados, como beneficios especiales para los uniformados que sean investigados por posible uso ilegítimo de la fuerza, y también modifica el tipo penal de apremios ilegítimos, que sanciona los malos tratos y la violencia institucional cuando no alcanza por su intensidad a constituir el delito de tortura. Era el tipo penal más aplicado a los represores de la revuelta, e incluso se ha imputado responsabilidad por apremios al Alto Mando de Carabineros (generales Rozas, Yáñez y Olate). Así que sin pudor alguno el Congreso acudió en su defensa rebajando las penas por ese delito e imponiendo requisitos absurdos, como demostrar siempre que hubo «infracción de reglamentos».  Por lo demás, casi nadie ha advertido que la Ley Naín legaliza el hecho de que los militares puedan actuar «en resguardo del orden público».

 Extractado de: https://www.elciudadano.com/chile/julio-cortes-morales-en-estos-tiempos-gobernar-es-reprimir/08/31/