Columna de Daniel Matamala: La democracia enferma

 

 

 

En Chile, si usted compra un kilo de pan o arroz, debe pagar religiosamente el 19% de IVA. Si compra un pasaje aéreo a Miami o al Caribe, en cambio, está exento: paga cero. Ahora piense: ¿a quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

 

En Chile, un ciudadano común debe pagar completo el impuesto específico a los combustibles. Excepto que sea dueño de camiones, en cuyo caso, vía menor impuesto al diésel y devolución de lo gastado, puede terminar pagando la vigésima parte (sí 1/20) de lo que pagó usted. Ahora, si es dueño de una minera o una industria, la cosa es aun más simple: no paga un solo peso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

 

En Chile, si usted gana un sueldo de $ 700 mil por su trabajo, debe pagar impuesto a la renta. En cambio, si un inversionista se embolsa millones especulando en la Bolsa, no paga un peso, gracias a una exención concordada por el gobierno de Lagos y el gran empresariado. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?

 

El SII tiene dientes de león para perseguir a los ciudadanos que mienten para recibir el bono de clase media (lo que está muy bien), pero no ha sido más que un gatito ronroneador en gigantescos esquemas elusivos como las empresas zombie (US$ 1.453 millones). Según cálculos del propio SII, el 1% más rico del país evade unos US$ 9.300 millones al año sólo en impuesto a la renta. Países desarrollados lo combaten con severas normas antielusión y el levantamiento del secreto bancario. Todo ello ha sido bloqueado en Chile. Cuando se destaparon Penta y SQM, el poder político intervino al SII para que volviera a lo suyo: clausurar almacenes por vender dulces sin boleta y fiscalizar rifas de colegios, mientras Délano y Lavín pagaban con clases de ética tras evadir, cada uno, $ 857.084.267.

 

Los gobiernos de Aylwin y Lagos ya subieron el IVA, tras negociaciones con el empresariado, de 16% a 18%, y luego de 18% a 19%. Ahora, se propone una tercera alza, disfrazada bajo nombres ingeniosos (“cotización a través del consumo”) y fines nobles (“mejorar las pensiones”).

 

Pero aunque lo vistan de seda, IVA queda. Subirlo otra vez significa hacer pagar de nuevo la cuenta a las familias que ganan el mínimo: que un jubilado pague más impuestos por sus remedios; o que un cesante deba gastar más al comprar comida para su familia. Claro, ellos no tienen poderosos lobistas, bufetes de abogados ni “expertos” complacientes de su lado.

 

Sólo tienen a la democracia para defenderlos. Y este debate entre los privilegios de unos pocos y los intereses de la gran mayoría, será un termómetro de si ese paciente es un enfermo terminal, o si tiene esperanzas de recuperarse.